El Tribunal Constitucional avala la extinción de dominio como herramienta contra el crimen organizado, pero delimita su alcance: excluye ilícitos menores y supuestos no penales, declara inconstitucional la cláusula “contrario al ordenamiento jurídico” y proscribe la aplicación retroactiva (art. 2.5), reforzando la seguridad jurídica. Exige motivación cualificada y mantiene la carga probatoria en el fiscal, preservando la presunción de licitud del bien. La autonomía del proceso no es absoluta: una absolución firme penal puede habilitar la revisión. Los criterios fijados son de cumplimiento obligatorio para jueces y fiscales.